El pasado 15 de noviembre del 2022, el doctor Héctor Daniel Zalazar asumió como presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la provincia del Chaco.
Prensa del Consejo de la Magistratura dialogó con Zalazar, poco después de su asunción, respecto de cuál es el rol del presidente en un organismo colegiado, sobre las funciones que la Constitución le otorga a este órgano, de qué manera se construye calidad institucional y transparencia, y sobre los desafíos que se plantea para su gestión (2022-2024).
-Usted, como consejero representa al estamento de los abogados de la primera circunscripción Judicial. Esta institución tuvo varios presidentes representantes de los abogados, tanto de la capital como del interior, pero esto no siempre fue así ya que por varios años la presidencia la detentaba el representante del Superior Tribunal de Justicia ¿A qué se debió este cambio?
Romper con esta praxis proviene de un gesto de todos los estamentos, que tuvieron la capacidad de comprender que el constituyente fijó una composición equilibrada. Este es un organismo colegiado y el presidente por sí mismo no adopta las decisiones. Es muy saludable que la presidencia vaya rotando para que cada estamento tenga la posibilidad de dejar su impronta cuando detenta la presidencia. Quiero destacar que la presidencia no es una función superior, su tarea es la de coordinar el trabajo del cuerpo. Le corresponde conducir las reuniones para que todos sean escuchados con respeto, otra de sus funciones es la de ejecutar las decisiones tomadas en conjunto con la mayor celeridad y transparencia.
–Nos podría nombrar la actual composición?
La Vicepresidenta es la doctora Íride Isabel María Grillo, representante titular por el Superior Tribunal de justicia. Como miembros titulares me acompañan Ana Mariela Kassor (representante de los magistrados), Gloria Beatriz Zalazar (representante del poder ejecutivo), la doctora Yessica Yanina Ayala (representante de los diputados de la mayoría), el doctor Edgardo Gabriel Reguera (representante de los abogados del interior) y el doctor Carim Antonio Peche (diputado por la primera minoría) . Y como suplentes el doctor Víctor Emilio del Rió (STJ), el doctor Héctor Felipe Geijo (magistrado), la contadora Noelia Dina Canteros (Poder Ejecutivo); el doctor Juan Carlos Ayala ( diputado por la mayoría); el doctor Eduardo Rundio (abogado por el interior) y la profesora Alicia Azula y la doctora Elina Viviana Nicoloff ( abogada de la capital).
Yo quiero destacar que entre nosotros existe una excelente relación y mucho respeto, aunque no pensemos todos iguales. También destaco el acompañamiento de la doctora Nicollof, quien siempre me acompaña en todas las reuniones y con la que hablo mucho sobre todas las decisiones que vamos a tomar en este espacio. Pues no hay que olvidar que nosotros los abogados, tenemos un mecanismo de mandato, para proponer Jueces/as y funcionarios/ as, y representamos la voluntad de nuestros asociados.
Otra cosa que quiero destacar es que el Consejo de la Magistratura cuenta con un grupo humano de trabajo que facilita las tareas desde el punto de vista administrativo. Bajo toda la actividad de los consejeros hay un equipo de trabajo que cumple diferentes funciones y da sustento a nuestras dos grandes funciones.
-¿Qué entiende usted por calidad institucional y transparencia?
El deber de transparencia está ligado con difundir y comunicar toda su actividad pero además está unido al nivel de razonabilidad y motivación de las decisiones que se toman.
Es el puente entre el valor justicia y el Estado. Nuestra responsabilidad consiste en elegir jueces/as y funcionarios/as más idóneos y juzgar a los que comenten alguna inconductas. Estas funciones deben ser ejercidas de una manera que permita una reconciliación entre el Poder Judicial y la comunidad, que esta vuelva a confiar en la justicia, lograr mayores niveles de aceptación que se merecen.
El doctor Rolando Toledo anunció que se jubila y entonces habrá una vacante que cubrir en el Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué importancia tiene este concurso?
– El desafió que exige proponer a un juez/jueza para el Superior Tribunal de Justicia es el mismo que se tiene para elegir a los otros jueces de distintas instancias, aunque es indiscutible que quien ocupe un cargo en Superior Tribunal tiene mayores responsabilidades, ya que a las jurisdiccionales se les suman las de gobierno, en razón de que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Entonces hay que analizar con profundidad el perfil de quién ocupará el cargo.
Personalmente creo que hay para elegir un juez o una jueza para el Superior es el concurso de antecedentes y oposición. Ya que esto le da más legitimidad, mejora la institucionalidad, otorga mayor transparencia. El Superior Tribunal de Justicia es un tribunal constitucional, si bien el control de constitucionalidad en nuestro país es difuso y cualquier juez de cualquier instancia puede declarar la insconstitucionalidad de una ley. En definitiva, en las provincias es la instancia decisoria más alta la que termina definiendo las cuestiones de esta índole.
Realizar el control de convencionalidad implica necesariamente el estudio de los aspectos sociológicos y las pautas vigentes en una comunidad determinada. Los jueces del Superior deben tener esa agudeza.
Una de las características que tiene este concurso es la instancia de la audiencia pública que es el mejor mecanismo para que la sociedad haga un escrutinio sobre la forma de pensar y las posiciones jurídicas de cada uno de los candidatos. Por ejemplo allí la comunidad puede conocer y evaluar cuál es el compromiso de los postulantes con los derechos humanos
Los ciudadanos pueden hacer preguntas y esto proporciona a los que tenemos que elegir, votar, razones para motivar nuestra decisión.
-¿Cuáles serán sus ejes fundamentales de gestión?
-Uno de ellos es dar mayor publicidad a los actos y decisiones del Consejo otro es que los potenciales candidatos a ocupar los distintos cargos que se concursan para ocupar un puesto en el Poder Judicial tengan perspectiva de género. Estos temas se incluyen en los temarios de todos los programas de examen, ya que en los últimos años ha habido un cambio de paradigma que se inicia con la reforma de la Constitución de 1994 y con el nuevo Código Civil y Comercial. Esto obliga a los jueces a consultar sus fundamentos con los tratados internacionales.
Esta nueva perspectiva es superadora de un sistema extremadamente positivista de un extremado apego a la norma sancionada por el congreso. El derecho es mucho más que la ley sancionada en el congreso, la aplicación jurídica es donde no se puede desconocer la dignidad humana y eso implica los derechos de todos los sectores o grupos que están postergados, mujeres, adultos mayores, discapacitados, usuario y consumidores.
El principio de igualdad es una deuda aún en día. Hay que construir una sociedad más igualitaria y preocuparnos por las personas que aún no han llegado a un piso mínimo de derechos, hay muchos fallos a nivel nacional que tienen esta perspectiva y eso pretendemos exigirlos en el proceso de selección. Pero al mismo tiempo estamos en un proceso de construcción que llevará tiempo, formación y capacitación.
*esta entrevista fue publicada en el anuario 2022 de Diario Norte, el viernes 23 de diciembre de 2022, página 112 de locales.